Sobre el buen Gobierno y la revolución administrativa

Quiso la indignación popular, exacerbada por ciertas carestías y prohibiciones varias (llevar capa y sombrero de ala ancha), que un mes de marzo de 1766 las calles de la capital de España se revolvieran al grito de “Viva el Rey, muera el mal Gobierno”.

Pretendían así los madrileños y algunos nobles descontentos renovar determinadas estructuras del Reino sin cuestionar con ello la legitimidad del monarca, Carlos III.

Con la debida distancia, y sin el tono y el fragor del momento, hay un paralelismo entre aquella llamada a la “revolución sin revolución” y la exigencia de nuestros días de acometer una nueva modernización del Estado. Hoy, se demanda actualizar el funcionamiento de las administraciones sin cambiar sus prestaciones; se aspira a renovar sus estructuras sin limitar los beneficios sociales que éstas ofrecen.

La diferencia con aquel Madrid del siglo XVIII se refiere, en todo caso, al tamaño de los retos que deben afrontar los gobiernos. No son ahora las censuras europeizantes (ropa), la actuación de ningún ministro extranjero (Esquilache) o el acaparamiento especulativo de bienes esenciales (pan) los factores que demandan soluciones públicas creativas e ingeniosas.

Los fenómenos para los que urge construir un nuevo modelo público, se resumen actualmente en estos:

• Un escenario de crisis, que ha ido paulatinamente aumentando la presión sobre la financiación y sobre los propios recursos del Estado.
• Un imparable proceso de tecnificación social, que ha abierto grandes expectativas de desarrollo humano y económico pero, al mismo tiempo, ha intensificado también la necesidad de generar respuestas más rápidas, más precisas y más adaptadas a cada actor del sistema.
• La aparición de nuevos movimientos ciudadanos, de fuerte implicación democrática –en algún caso contestatarios-, que al amparo de fenómenos como Internet y las redes sociales han comenzado a exigir mayores cuotas de participación institucional.

En esencia, y siguiendo el símil castellano, lo que se estaría exigiendo en estos momentos de nuestras administraciones es “sencillo”: dar más por menos. O lo que es igual: ofrecer unos servicios públicos más austeros y eficientes… sin que, por ello, se renuncie a su eficacia y cercanía.

La ecuación es compleja y, sin embargo, requiere a veces poco más que la suma de pequeños cambios culturales en el seno de la propia organización.

En esa línea, hay dos ejes que ilustran las posibilidades de trabajo:

1. Del gobierno hacia la sociedad

Irekia, la apuesta Open Government del Ejecutivo vasco, incide en el ahorro de costes gracias a la mejora de los procesos internos y a la cooperación a través de la Red de directivos públicos, funcionarios, empresas y ciudadanos.

Fruto de esa vocación es, entre otros programas del citado entorno, OpenIrekia, que:

• Utiliza software abierto, que no exige el pago de licencias exclusivas por parte de la Administración.
• Se basa en un sistema que permite a los desarrolladores realizar libremente sus propias adaptaciones y ofrece, por tanto, continuas mejoras a los usuarios.
• Pone gratuitamente al servicio de terceros su código fuente, de forma que otras iniciativas públicas pueden construir a partir de éste, prácticamente sin necesitar presupuesto especial, su propio portal.

2. De la sociedad hacia el Gobierno

Un modelo de trabajo es el de FixMyTransport, el último proyecto de la archiconocida y prestigiosa organización no gubernamental MySociety.

Se trata de una iniciativa que integra en una única plataforma de acceso abierto prácticamente todas las paradas, rutas, recorridos y servicios existentes de transporte de Gran Bretaña, ya sean estos de naturaleza urbana o no urbana, tanto por mar como por carretera y ferrocarril.

Gracias a este proyecto, que se nutre de datos públicos (muchos liberados según criterios Open Data –otros muchos no-) la administración británica puede… sin sobrecostes ni impactos extrordinarios sobre su presupuesto… y de manera más precisa y eficiente:

• Recibir comentarios ciudadanos y propuestas de mejora, en tiempo real, que completan el trabajo de los servicios de inspección nacionales.
• Medir el grado de eficacia de las propias políticas públicas y reorientar éstas donde sea necesario a partir de las incidencias remitidas por los usuarios.
• Mantener niveles de exigencia interna elevados ante la responsabilidad que supone ofrecer servicios en condiciones reales de apertura.
• Concienciar a los propios empleados y responsables públicos de la importancia de su tarea, en este caso, dentro del sistema nacional de transportes.

No se trata, por tanto, de hacer la revolución pública… sin revolver lo esencial y sin cabeza alguna. Como estos días recoge la popular bitácora española “Apuntes Electrónicos”, se trata más de un cambio en la forma de pensar y trabajar la Administración que de un mero ajuste de personas.

Es, a fin de cuentas, aceptar que una inversión educativa adecuada en investigación y formación del personal, por ejemplo, es más eficiente y eficaz que llenar, sin más, todas las aulas de un país de gadgets electrónicos.

La Historia, en este sentido, recoge anécdotas divertidas a la par que ejemplarizantes. Una de ellas es la que cuenta cómo al término de uno de sus estrenos más exitosos, José Echegaray, el primer Premio Nobel de las letras españolas, fue llevado a hombros hasta su casa entre constantes “vivas” y aplausos de sus seguidores.

Llegado un momento, sin embargo, uno de los improvisados costaleros -que no debía de ver el final a tan grande faena y tan pesado fardo-, alzó su voz para quejarse ante los presentes: “Viva Echegaray, sí, ¡pero que viva más cerca!”.

Pues lo mismo. Que viva el buen Gobierno y la modernización administrativa… pero que vivan, eso sí, más próximos al ciudadano.