El oro del #OpenData… ¿piratas al acecho?

Millones de datos públicos comienzan a emerger, casi por arte de magia, de nuestras ciudades… de dentro mismo de nuestros gobiernos y administraciones. Se trata de información útil en términos de transparencia. Pero también de un poderoso tesoro comercial. El nuevo “oro” llamado Open Data y Big Data empieza a despertar el interés de las grandes empresas… pero también las dudas sobre nuestra capacidad futura para gestionar y proteger tan preciado tesoro.

El Archivo General de Indias es una de esas grandes fuentes de información mundiales. Declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad, la institución fundada por Carlos III alberga en sus 8 kilómetros lineales de estanterías cuatro centurias completas de la Historia de España y de América.

Entre sus paredes, físicas y virtuales, yacen 43.000 legajos que contienen, a su vez, más de 80 millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos. Estos fondos conservan, por ejemplo, los detalles con la ubicación aproximada y el cargamento exacto de las naves españolas naufragadas en algún punto del océano en el transcurso de los siglos: especias, telas… y metales preciosos. Son informaciones accesibles a, prácticamente, cualquier persona del mundo. Y lo son además de forma permanente, gratuita y, en muchos casos, a través de medios electrónicos y en formato digital.

Investigadores de todo tipo (más de 150.000 visitas al año) desgranan diariamente esos recursos en busca de un perdido tesoro bibliográfico, de un nuevo dato sobre nuestro pasado colonial que ilumine sus estudios y sus universidades… a la caza de nuevos negocios para sus clientes y empresas.

En cierta forma, y dado su valor comercial, este patrimonio documental sería candidato perfecto a convertirse en una de esas “minas de oro” de la información pública a las que hace escasas fechas aludía la vicepresidenta de la Comisión Europea, Neelie Kroes. Podría ser uno de esos potenciales filones Open Data al servicio de compañías e instituciones y que la comisaria holandesa valoraba en más de 40.000 millones de euros.

La aventura, contada así, parece realmente emocionante. De hecho, y por razones también de tipo social y democrático, son cada día más los que a uno y otro lado del planeta presionan a sus respectivos gobiernos para que publiquen los datos públicos que obtienen y los documentos que custodian.

Sin embargo, no todo es oro lo que reluce. No, al menos, todo el que se nos anuncia. Como en cualquier historia de tesoros, por este océano azul también navegan barcos piratas y otros con patente de corso: naves intrépidas, veloces e innovadoras no pilotadas por ciudadanos y que aspiran, algún día, a tomar el control completo de nuestros datos.

La empresa Odissey Marine Exploration podría ser una de ellas. Cotizada en la Bolsa de Nueva York, la compañía norteamericana que preside Greg Stemm (ex delegado de su país en la Unesco) escrutó durante años, sin ninguna cortapisa, el Archivo General de Indias. Su única misión: localizar con exactitud y hacerse con las más de 500.000 monedas de oro y plata de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes, hundida a principios del siglo XIX.

El resto del asunto es ya conocido. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos confirmó a principios de 2012 que el botín extraído furtivamente de la fragata -gracias a la información sacada libremente de la antigua Casa Lonja de Sevilla– debía devolverse al Estado español. Atrás quedaba un largo proceso legal iniciado en 2007 y que enfrentó el interés general de todo un país con el de una empresa que, todavía hoy, se define como firme defensora del patrimonio arqueológico y subacuático mundial.

El caso del “Odissey” y del Archivo General de Indias es, seguramente, una mera anécdota en contraposición con el universo de los beneficios esperados del Open Data. Y, sin embargo, situaciones “sencillas” como la narrada se reproducen o pueden producirse a diario, en un futuro que se avecina ya cargado de datos, datos y más datos.

A tenor de todo ello, podrían dibujarse dos grandes peligros sobre el horizonte de la apertura y reutilización de la información del sector público en el mundo y en nuestro continente:

1) Desviación del “interés general”

David Eaves (The Challenge of Open Data and Metrics) y Mike Gurnstein (Open Data: Empowering the Empowered or Effective Data Use for Everyone) advertían hace tiempo de algunos casos en los que se había utilizado la información…

• descontextualizada o de manera interesada (por ejemplo, en ciertas comparaciones de centros oficiales con sus “competidores” no gubernamentales). Un caso polémico, en este sentido, es el surgido con la publicación en Nueva York de las evaluaciones de docentes públicos sin contrastarlas con otros baremos y tablas de resultados –como las notas de sus homólogos privados-;
• “sobrecualificada”, alejada del conocimiento y habilidades digitales de un amplio número de ciudadanos (que, igual que en el caso de Bangalore –India- puede consolidar los privilegios de una minoría cualificada).

2) Vulnerabilidad

Si diéramos por bueno el panorama económico internacional que describe el profesor Josep Fontana (Más allá de la crisis), donde las administraciones públicas y empresas más ahogadas por la crisis se encuentran casi de saldo, a los pies de los grandes fondos de inversión, ¿cómo ofrecerles a estos el corazón mismo de nuestros servicios públicos y gobiernos, es decir, nuestros datos?

• El riesgo de una privatización “disimulada”. El Big Data que empiezan ya a recoger nuestras ciudades –gracias a una creciente apuesta institucional- puede ser, por ejemplo, una oportunidad desde el punto de vista energético y medioambiental. Pero… ¿hay consenso sobre su liberación en condiciones de acceso libre y transparente? A diferencia de los datos “consuetudinarios”, ¿se acepta la cesión de la información pública generada en las nuevas Smart Cities a grandes operadoras comerciales a cambio de aligerar la deuda económica local?
• La amenaza de la dependencia comercial. En concreto, y a pesar de la pujanza de algunas industrias nacionales –la posición de Estados Unidos y Reino Unido es, sin duda, destacable- hay un riesgo cierto de que amplias zonas del planeta vean limitado su papel internacional al de meras proveedoras de información mientras las potencias transnacionales detentan el monopolio «de facto» de su transformación y explotación comercial. La experiencia en otros subsectores tecnológicos no ha sido distinta hasta la fecha.

Ante estas amenazas, sería necesario que las administraciones de todo el mundo avanzaran en la armonización de su mercado de la información pública -con reglas de juego más homogéneas y herramientas comunes mucho más precisas-. En Europa, la revisión de la Directiva 2003/98/CE o la campaña cívica favorable a una licencia de reutilización única de los datos son pasos importantes pero no definitivos.

Se impone, ante todo, la necesidad de un gran pacto, como sucintamente recomienda a nivel local Julia Glidden (Open Data: gold mine or gold bust)- . Pero no sólo entre los gobiernos. También con la industria y con las organizaciones civiles. ¿El propósito? Crear un itinerario estratégico conjunto y aumentar rápidamente la musculatura tecnológica, económica y social del Open Data.

Lo resume Alex Howard (Data for Public Good) y explica en español Mauricio Delfín (La promesa del Open Data y la ambigüedad actual del concepto de “gobierno abierto”):

“Hacer que los datos sean accesibles no es suficiente… el uso de datos para el bien público depende de una comunidad distribuida de medios, organizaciones sin fines de lucro, instituciones académicas y activistas civiles”.

Sería preciso, pues, lo que Tim Davies (5-Stars of Open data Engagement?) nos propone en el mundo de los pequeños gestos: más vinculación con los productores, los demandantes y los “mediadores” de la información–en línea con los primeros pasos en Francia de Dataconnexions, que auspicia el Ejecutivo de ese país-.

Lo que está en juego es algo más que todo el tesoro hundido en nuestros océanos (tres millones de pecios)… algo más que las 12.800 toneladas de oro y plata sumergidas frente a las costas españolas y documentadas por fondos como el Archivo General de Indias… algo más que 40.000 millones de euros en la UE. Nos jugamos la verdadera razón de ser del Open Data: una sociedad más próspera y más justa. No sólo para Europa.